Escrito de ASP al actual Ministro del Interior, solicitanto reformas importantes Enero 2012

Excmo. Sr. Ministro,

Tengo el honor de dirigirme a usted como Coordinador Delegado-Presidente de la formación Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada, en sus siglas ASP, CIF G85944783 y con domicilio a efectos de notificaciones en el Ap. de Correos 10.038 de Móstoles, 28936 Madrid, en representación del personal habilitado de seguridad privada, para exponerle nuestra problemática y rogarle su intercesión para resolver nuestras importantes carencias.

Debo decir que el anterior ejecutivo jamás escuchó a nuestro sector, y que tan solo obtuvimos promesas incumplidas cuando no mentiras. La gestión del anterior Gobierno ha sido nefasta para nuestro colectivo llevándonos a una situación insostenible e intolerable en la que se han perdido vidas humanas y las agresiones, muchas de gravedad, están a la orden del día.

En esta ocasión pretendo sintetizar nuestra problemática centrándome en algunas de nuestras más urgentes reivindicaciones, que con sumo gusto ampliaré si se me requiere, para lo que quedo a su disposición.

Reglamento de Seguridad Privada.

Nadie duda ya que nuestro Reglamento de seguridad privada está obsoleto y no responde a las actuales necesidades en materia de seguridad privada, siendo imperiosa y urgente su reforma y actualización, por lo que esta es la principal reivindicación que quiero hacerle llegar.

Carácter de Agentes de la Autoridad

Entre otras reformas, necesitamos la restitución del carácter de Agentes de la Autoridad que durante mas de un siglo ostentamos, como ha sido entendido y legislado parcialmente en Cataluña por la Generalitat, otorgando esa consideración a aquellos vigilantes que prestan servicio en el transporte público catalán.

Entendemos que es un primer paso, pero absolutamente insuficiente y discriminatorio, pues es un sinsentido que el vigilante de seguridad con la consideración de Agente de la Autoridad en Metro la pierda en el momento en que presta servicio en otros servicios, siendo el mismo profesional en ambos casos, y siendo la nuestra una profesión con mucha movilidad.

Una vez constatado en Cataluña que es posible restituir al vigilante de seguridad el muy necesario carácter de Agente de la Autoridad, entiendo que para evitar desigualdades y discriminaciones entre los profesionales de la seguridad privada, para evitar confundir a los ciudadanos que no tendrán claro en que casos actuamos con ese carácter, y para contribuir en el necesario respeto que precisa el normal desarrollo de nuestro deber, es urgente y necesario que sea revestido de ese carácter la totalidad de los vigilantes de seguridad y sus especialidades de toda España.

Por ello, porque se ha demostrado la elevada necesidad de restituirnos esa condición, porque es fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo, le ruego trabaje en esa restitución a nivel nacional, intercediendo donde corresponda, y llevándolo al Congreso de los Diputados.

Derecho a la huelga

El anterior ejecutivo también obstaculizó nuestro derecho a la huelga, imponiendo servicios mínimos del todo imposibles que rozaban el 100% y que algún tribunal declaró no ajustados a derecho. Ruego de su Ministerio que tutele este derecho de los vigilantes de seguridad, evitando caer como ocurrió en el pasado en justificaciones de que somos un servicio esencial equiparándonos a la policía, olvidando y obviando que somos empresa privada, y que el servicio esencial es el de la policía.

Peligrosidad profesional

No dudo ni discuto que la de vigilante de seguridad es una profesión de alto riesgo. Pero precisamente por eso, nuestro sector requiere de la máxima protección judicial, penal, y de Inspección de Trabajo. Son ya muchos muertos entre mis compañeros e incontables los agredidos, en no pocas veces con lesiones de gravedad. No puede, y su Ministerio debe defender este punto, pensarse que como la nuestra es una profesión de riesgo, es asumible que se nos mate y agreda de forma continuada. Estamos para proteger a las personas y las instalaciones que nos recomiendan, muchas de ellas de uso público, pero no puede ser en ningún caso a costa de nuestra integridad. Somos trabajadores, y como al resto de los trabajadores se nos ha de considerar. Se debe trabajar en colaboración con el Ministerio de Justicia en materia penal.

A esto se une un peligroso y serio agravante que es la ocurrencia del Comisario Jefe de la Unidad Central de Seguridad Privada Sr. Esteban Gándara Trueba, quien decidió imponernos a los habilitados el número de nuestro Documento Nacional de Identidad como número de nuestra Tarjeta Profesional de Identidad, una tarjeta que por Ley debemos mostrar al ciudadano que nos lo requiera, sea honrado, delincuente común o terrorista. A esta barbaridad se han opuesto incluso asociaciones policiales, y actualmente nuestra formación tiene impugnada ante la Audiencia Nacional.

Entendemos que por su nefasta gestión en materia de seguridad privada, el Sr. Esteban Gándara Trueba debería ser destituido de inmediato de esa Unidad que dirige.

Judicialización en la seguridad privada

Tal vez sea esta la materia en que mas difícilmente pueda interceder su Ministerio, pero es constatable la abusiva utilización de la Justicia a que se ve sometido el trabajador de seguridad privada que se ve obligado a acudir a los tribunales para la resolución de sus conflictos con las empresas en mas del 95% de los casos, algo que contribuye al colapso de los juzgados. Las empresas de seguridad son muy reacias a los acuerdos extrajudiciales, y son excesivamente tendentes a prolongar los procesos con eternos recursos la mayoría de las veces innecesarios y sin posibilidad de prosperar.

Permisividad y laxitud en las sanciones

No conozco ni un solo caso de empresa cautelarmente clausurada como sanción por la acumulación de faltas muy graves, aún cuando es una sanción contemplada en nuestra legislación, y si se conocen casos de empresas que deberían ser sancionadas de esta forma. Es intolerable que se permitan casos como el de la empresa ESABE entre otras, que incumple sistemáticamente con sus obligaciones salariales hacia sus empleados, que tiene multas millonarias impuestas por irregularidades serias, y que sin embargo continúa siendo concesionaria de servicios públicos asignados por el Gobierno u otras corporaciones.

No solo no se clausuran las empresas que lo merecen, sino que las sanciones por las muy variadas faltas que muchas de ellas cometen acostumbran a quedar impunes.

Presunta corrupción y falta de celo funcionarial

Creemos los vigilantes que debe revisarse el trabajo de las Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno y de las Unidades Provinciales y Central de Seguridad Privada de la policía, pues entendemos que no son nada estrictos en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad privada. No son pocas las denuncias interpuestas por nuestra formación previamente constatadas por nosotros que o bien son informadas como negativas (la gran mayoría), o bien si son positivas se pierden en los cajones de la prescripción. No se nos responde cuando requerimos que se nos informe sobre la aplicación de sanciones hacia aquellas empresas infractoras que denunciamos y que la policía ha confirmado. El silencio administrativo en este caso es inexplicable.

Ruego de este Ministerio tome las medidas necesarias para corregir este comportamiento que está perjudicando muchísimo al sector, y que ahora parece empezar a preocupar según refieren, a las propias empresas de seguridad integradas en APROSER.

Trabajadores autónomos

Creo que en la necesaria reforma del Reglamento de seguridad privada debe en justicia equiparársenos a la figura del Guarda Particular del Campo y sus especialidades en materia laboral, permitiéndose que los vigilantes podamos trabajar en el régimen de autónomos, o por contratación directa del empresario o particular que así lo desee. La libre competencia y la no discriminación así lo demandan. No se entiende que esta profesión tenga esta limitación que no puede sustentar en nada, y que no suele ocurrir en otros sectores.

Licencia de armas del personal de seguridad privada y caducidad de la habilitación

Aquí se producen dos injusticias inexplicables. Antiguamente la habilitación tras la superación de los pertinentes exámenes de un vigilante jurado conllevaba automáticamente la integración de la licencia de armas tipo C asimilada al título nombramiento. En la reforma de la Ley y Reglamento de seguridad privada se desvinculó la licencia de armas de la habilitación, con lo que desde entonces se produce una indiscutible discriminación por parte de las empresas que son quienes ahora deciden que vigilante accede a esa licencia y que vigilante jamás la tendrá, usándolo como forma de premiar a los trabajadores mas sumisos en perjuicio de muchos otros que son castigados a no obtenerla, o no renovarla.

Es un agravante serio que se concedan habilitaciones de escolta privado y vigilante de explosivos, y que el nuevo escolta privado o vigilante de explosivos no pueda ejercer esa especialidad al carecer de licencia de armas, imprescindible para esos puestos, porque es la empresa quien tiene la facultad de su obtención. No tiene ningún sentido obtener una habilitación de escolta privado o vigilante de explosivos que nunca se podrá ejercer.

La licencia de arnas tipo C de los habilitados de seguridad debe ir implícita en toda habilitación, con lo que si bien no le conferirá el derecho a trabajar armado, si permitirá que todos los habilitados puedan optar a un puesto armado (mejor remunerado) si se producen vacantes o se implementa el arma en un servicio que previamente no la tenga asignada. Tener concedida una licencia de armas no implicaría necesariamente trabajar armado, pero dejaría abierta esa posibilidad a todo trabajador habilitado. Lo contrario es del todo injusto y discriminatorio.

Por otro lado creo que es aberrante que las habilitaciones de seguridad privada tengan una caducidad de dos años en caso de inactividad, algo que es casi excepcional de este sector en España, y mas en tiempos de crisis como los actuales, donde el paro en nuestro la seguridad privada también es elevado y condena a muchos habilitados a la pérdida de su habilitación. Entiendo que un reciclaje proporcionado por las empresas contratantes o seguidos en academias privadas es suficiente para mantener formado al habilitado, y hace innecesaria esa injustificada caducidad que rogamos a su Ministerio que suprima.

Placas de vigilantes

Si bien este es el último de nuestros problemas y el menos urgente, muchos vigilantes sienten que el actual diseño es humillante y no contribuye nada al respeto del ciudadano. Es además poco práctica e incluso en algunos casos peligrosa a causa de su modo de sujeción mediante una aguja horizontal. El diseño no pudo ser menos afortunado. Creo que si bien la policía tiene fijación por diferenciar nuestra placa-emblema de las placas-emblemas policiales, existen otras posibilidades de diseño más serias y prácticas, por lo que ruego a este Ministerio que estudien su sustitución. Estaríamos encantados de aportar alguna sugerencia en este asunto si se nos requiere.


Hay otros campos que deben analizarse en nuestra profesión, entre ellas la de la formación, consideración académica, etc. que afectan también a otros Ministerios, y que necesitan ser reestructurados, pero desde la Agrupación Sindical Profesional del personal habilitado de seguridad privada queremos rogar a este Ministerio del Interior que tenga en consideración todo lo referido en el cuerpo de este escrito, pues revertirá en un mejor servicio al ciudadano y en una mejor imagen, consideración, integridad y profesionalidad del habilitado.


En espera de prontas y positivas gestiones del Ministerio que dirige, reciba un afectuoso y cordial saludo, quedando a su disposición para lo que necesite. Rogaríamos que nos remitiesen la confirmación de recepción y lectura del presente documento.

En Madrid a 31 de Enero de 2012.