Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas

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Sindicatos de seguridad privada inician acciones contra la Policía por no sancionar a las empresas




La primera denuncia es contra un inspector jefe que no expedientó a las empresas que gestionan el centro de control de La Moraleja, a pesar de no estar bien instalados los sistemas de alarma. La multa habría llegado a los 30 millones de euros, según los denunciantes.



    La Policía dejó de recaudar 15.000 millones de euros en sanciones a empresas de seguridad privada


PATRICIA LÓPEZ

MADRID- Los trabajadores de Seguridad Privada llevan desde 2011, cuando el PSOE cambió la legislación denunciando la instalación de sistemas no homologados de alarma y viodevigilancia, sin que la Policía, encargada de inspeccionar y abrir expedientes a las empresas, haya obligado a cumplir la normativa. Por eso la Intersindical que los reúne ha decidido comenzar a interponer denuncias caso por caso, como el ahora denunciado, que afecta a 961 usuarios de La Moraleja (Madrid).

La denuncia interpuesta va dirigida contra el inspector jefe de la Sección de Inspecciones que, desde que se implantó la nueva normativa, debió abrir distintos expedientes contra Seguridad La Moraleja S.L y Prosegur, encargados de instalar sistemas de alarma que no estaban homologados. Los denunciantes aseguran que “sólo por los sistemas de alarma en La Moraleja los expedientes sancionadores debían haber sido por una falta grave o muy grave y la multa ascendería a 30 millones de euros”. También le atribuyen a este funcionario concreto por su “inacción y la falta de incoación de expedientes sancionadores por faltas graves (3) y muy graves (10.000)” a esta empresa en toda España “casi 300 millones de euros que la Administración ha dejado de recaudar”.


Fue ese año cuando presentaron los primeros escritos ante la Unidad Central de Seguridad Privada (UCPS) de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Esteban Gándara, “que nunca ha hecho caso a nuestras denuncias que ponen en peligro, como en este caso, no ya a los trabajadores, sino a los usuarios de estos servicios que son carísimos y que en la mayoría de las ocasiones no están homologados”, según la responsable sindical.

Las multas por infracción grave o muy grave ascienden a unos 30.000 euros por casa sistema de alarma no homologada. En el caso de los sistemas no bidireccionales, que no identifican claramente a los usuarios sino que lo hacen con las siglas “BB”, el problema está en que además “Prosegur llegó a reconocer ante las quejas de los trabajadores que carecía de los teléfono válidos para localizar a clientes, las incidencias no se pueden gestionar directamente con los afectados”.

La situación llegó a ser “tan grotesca”, aseguran en su escrito, que con fecha 30 de octubre de 2012, “se produjo una situación de incomunicación en la receptora de SEGURIDAD LA MORALEJA por ‘caída de servicio’, de manera que ni en PROSEGUR ni en el centro de control de SEGURIDAD LA MORALEJA se recibían señales de los cientos de sistemas de seguridad no homologados de la FASE I (BB). La UCSP siguió sin intervenir, poniendo en peligro los bienes de los usuarios de esta urbanización”.

Finalmente y después de años de quejas, en 2014 la Unidad Central de Seguridad Privada contestó a los sindicatos que la inspección de productos sin homologar “no es competencia” de la Policía. “Ciertamente, la UCSP es una institución inservible para el ciudadano y solo parece tener una función: facilitar el 'negocio" a las grandes empresas de seguridad de España”, aseguran en su escrito.